Temis

Pantallas reales de Temis v0.9.2. Las cifras, los nombres de empresa y las identificaciones son de demostración.

• 🔴 No afirma que ninguna norma esté vigente. De 8.756 normas cargadas, 8.752 están sin comprobar —incluido el Decreto 1881 de 2021, que sostiene el arancel entero—, tres constan modificadas y una inexequible. Se intentó: el resumen de vigencias de la DIAN está roto en su origen, y la propia DIAN advierte que su compilación no está al día. El camino para comprobarlas existe dentro del producto; lo que falta es la lectura humana.
• 🔴 Ningún gravamen lo ha revisado una persona. Las 7.994 vigencias están marcadas como no revisadas, y la ficha lo dice pegado al valor: es el mejor dato que tenemos, con su procedencia, y no es una garantía.
• 🔴 Las 8.720 aplicaciones —qué norma le aplica a qué subpartida— se aprobaron en bloque y sin firma para poder trabajar sobre la ficha completa. Nadie ha leído esas normas. La auditoría interna las cuenta como error, así que el informe no puede dar cero mientras existan.
• 🔴 Los textos legales —términos y política de datos— son borradores escritos por un programa, y la aplicación lo advierte en tres sitios. Antes de abrir el servicio hacen falta el texto definitivo, el responsable, el canal para ejercer derechos, el plazo de retención y la cláusula sobre datos de terceros.
• Cinco de los 21 bloques siguen sin cargar: bienes de capital, exenciones de derechos de aduana, bienes para exportación de servicios y los dos cajones de «otras normas». Tres no son un problema de datos sino de definición: hay que decidir qué entra, porque casi todo lo que se les parece depende de quién importa y no de qué.
• Los precios de referencia para el control del valor no están y no van a estar: viven en el sistema de riesgos de la DIAN, con roles autorizados y confidencialidad. No es una deuda, es el límite de lo que se sabe desde fuera — y se dice donde alguien esperaría el dato.
• 🔴 No están las reglas específicas de origen por subpartida de ningún acuerdo. Están los requisitos generales de los cuatro cargados, no el cambio de clasificación ni el contenido regional de los anexos. Es el único punto donde Temis podría inducir a error: reclamar una preferencia sin derecho se sanciona igual que declarar de menos, y la ficha lo advierte en cada una.
• De 23 acuerdos vigentes solo cuatro tienen tratamiento cargado. Mercosur quedó fuera a propósito: liberó el 97 % y no el 100 %, y tratarlo como liberado afirmaría un 0 % inexistente en unas 240 subpartidas.
• 547 códigos de las listas de desgravación (un 7 %) no casan con la nomenclatura vigente: las listas están en la versión del Sistema Armonizado que regía al firmarse. No se aproximan por prefijo, porque una subpartida que se partió en tres puede tener tratamientos distintos.
• El arancel cargado es una foto del 09/08/2026. Para fechas anteriores, Temis no puede afirmar qué regía.
• El liquidador no calcula el arancel variable ni los demás tributos: los detecta y se niega a dar un total, que es lo correcto, pero todavía no los liquida.
• La vigilancia descubre y tría, y nadie ha encendido nada: los dos interruptores nacen apagados, y son dos a propósito —enterarse de que una norma existe no consume inteligencia artificial; triarla sí, y cuesta—. Y del texto de las normas descubiertas todavía no se ha bajado ninguno.
• El Diario Oficial avisa de qué ejemplares salieron, no de qué normas traen dentro: los números están en el PDF, tras un paso que exige un navegador. Hoy lo abre una persona, y se dice lo que hay en vez de callarlo.
• La búsqueda con inteligencia artificial nace apagada y se contrata aparte. Está construida y medida; mientras el interruptor esté en falso, el buscador funciona sin ella.
• No hay bitácora de aprobación con la evidencia congelada. Guardar el enlace no basta: si el portal cambia el documento, la prueba se evapora. Falta guardar el fragmento tal como estaba, y el estado «en consulta» — obligar a elegir entre aprobar y rechazar cuando la norma es dudosa empuja a aprobar.
• Quedan 372 resoluciones de clasificación cuya subpartida no se pudo leer, y 312 donde el índice y el documento discrepan; estas se muestran con el dato del documento y avisando. Ninguna de las dos sugiere nada en el buscador. Y 840 resoluciones antiguas citan códigos que ya no existen.
• El anexo de INDUMIL de la ventanilla única es un PDF escaneado sin texto y queda fuera. Se dice, en vez de cargarlo vacío: eso habría hecho creer que INDUMIL no controla nada.
• Hay dos listas oficiales de reglamentos técnicos que no coinciden —343 subpartidas frente a 635, con 234 en común— y se cargó la que está fechada. Cargar la otra haría que un importador creyera necesitar un certificado que hoy no se le exige, y eso cuesta tiempo y dinero.
• 14 nombres de catálogo —tarifas de IVA, regímenes y unidades— están deducidos de dónde aparecen y no confirmados contra la norma; la ficha lo advierte. Y 200 normas no tienen enlace a su fuente: sin él, quien consulta no puede ir a comprobarlo.
• No clasifica la mercancía. Muestra el árbol, las Reglas Generales y las notas —la norma con la que se clasifica—, pero clasificar exige conocer la composición, la función y la presentación de algo físico que Temis no ha visto. La decisión es del declarante.
• No determina el valor en aduana. El liquidador calcula sobre las cifras que le den; la vinculación entre las partes, los descuentos, los cánones y los ajustes son análisis de la operación concreta, y ahí nace la mayoría de los pleitos con la DIAN.
• No acredita el origen: no emite certificados y no verifica que la mercancía califique.
• No emite conceptos ni dictámenes. Nada de lo que muestra es una clasificación vinculante: esas las emite la DIAN.
• No sustituye la fuente oficial. Entre que el ministerio publica un decreto y Temis lo carga hay un intervalo en el que lo que rige es el decreto. Ante cualquier discrepancia manda la norma, y por eso cada dato lleva su enlace.
• No redacta el razonamiento de una sustentación ni lo sugiere. Un texto escrito por un programa es lo que no se puede llevar a un requerimiento: quien firma tiene que poder defender cada frase, y no se defiende lo que no se pensó.
• No comparte entre usuarios lo que unos sustentaron. Quitar el nombre no lo arregla: «sensor de presión inalámbrico para línea de gas» identifica al importador ante cualquiera del gremio. Lo reutilizable es el criterio, no el expediente ajeno.
• No es Jano. Temis dice qué paga una mercancía y qué hay que cumplir; no abre expedientes, no lleva plazos ni transmite nada a la DIAN. Jano lo consume y congela el valor que aplicó, con su fecha.

Los otros 11

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